La vida es el primer derecho que se tiene que garantizar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier forma de reclutamiento ilícito. El reclutamiento ilícito en cualquier parte del mundo constituye una infamia que viola los derechos humanos.

Hoy 12 de febrero de 2017 cuando se conmemora el Día Internacional contra el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes; prácticamente se da por terminado el proceso de concentración de las FARC en las 23 zonas veredales y 8 campamentos  que el Gobierno Nacional ha dispuesto para adelantar y finiquitar el proceso de desmovilización y entrega de las armas, en el marco y contexto de los diálogos de paz.

Según la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía;  las FARC contarían en la actualidad con 13.892 integrantes y colaboradores, de los cuales 6.382 están armados y harán parte del proceso de desmovilización y entrega de las armas.  

Sin embargo, las FARC aún no dicen toda la verdad relacionada con la entrega de los niños, niñas y adolescentes que tienen bajo su poder. La sociedad colombiana y las familias que han sido víctimas del reclutamiento ilícito se siguen haciendo preguntas como: ¿Dónde están los niños, niñas y adolescentes que tienen ilícitamente reclutados? ¿Cuándo los van a entregar? ¿A quién se los van a entregar? ¿Cómo van a reparar los daños causados a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias? ¿Cuándo van a entregar los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes ajusticiados y muertos en combate?

El panorama que se observa desde el orden nacional es que la entrega de los niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC y la exigibilidad de éstos por parte del Gobierno Nacional y los negociadores; no son una prioridad.

Resulta sencillo comprender que este asunto de interés superior y de alta exigibilidad pone sobre la cuerda floja el actual proceso de paz por el cual es necesario inmolar a quien toque inmolar como signo de obediencia y defensa del actual proceso como principal ideal de una paz estable y duradera.

Sin embargo, se sigue instando al Estado Parte –Colombia, Gobernaciones y Municipios;  a darle cumplimiento a la aplicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de los recientes diálogos con el Ejército de Liberación Nacional –ELN, al diseño e implementación de rutas de atención e intervención para la prevención  y reducción del reclutamiento forzado por parte de bandas criminales u otros grupos delincuenciales emergentes en los próximos años.  Por otra parte,  Colombia y las entidades responsables de la protección y la garantía de derechos de la niñez colombiana tienen la obligación de diseñar una plataforma que permita llevar un registro real de los casos de reclutamiento y utilización indebida de los niños, niñas y adolescentes que se presenten dentro o fuera del territorio nacional. 


________Redacción: José Gañan Bedoya - psicólogo. Coordinación ninno colombia -voluntarios para la infancia y Antioquia, primero MIS  derechos, 2017.