La corrupción y la reciente política de tributación colombiana hacen cada vez más distante la garantía y el disfrute de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.

Desde el contexto nacional para la vigencia 2017, un  aumento del IVA en un 19%, una tasa de desempleo cercana al 8,7% , un recorte del presupuesto al Programa de Alimentación Escolar –PAE (De 986 mil millones a 801 mil millones para la vigencia 2017) y a nivel departamental una reducción de cupos en el programa PAE cercana al 49% y, a nivel zonal la construcción de tres peajes en el área metropolitana de la subregión de Urabá, constituyen un conjunto de hechos y decisiones políticas que convertirán a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes y, en el caso concreto del municipio de Chigorodó, en grupos específicos de la sociedad cada vez más vulnerables al daño psicosocial y en consecuencia; más propensión al reclutamiento forzado, homicidios, desaparición forzosa, fortalecimiento de las prácticas asociadas al narcotráfico, microtráfico y venta de sustancias psicoactivas, explotación sexual comercial, abuso y violación sexual, abortos inducidos, embarazos no deseados, trabajo infantil, esclavitud, mendicidad y aumento de la delincuencia infantil y juvenil, entre otros.

Colombia como Estado Parte suscribió a través de la Ley Nº 12.,  la Convención Internacional de los Derechos del Niño,  el pasado 22 de enero de 1991 y, en el marco de ésta Convención el Estado Parte se comprometió a darle cumplimiento a los Artículos Nº 03., del Interés Superior del Niño y el Nº 12., del derecho a la participación, a ser escuchados y a que se consulte a los niños, niñas y adolescentes con relación a la toma de decisiones políticas en los asuntos que potencialmente les puedan afectar y, tales compromisos no se están cumpliendo a cabalidad. –Así, Colombia y sus gobernantes; en la toma de sus decisiones políticas envían un claro mensaje de desprotección y desconocimiento de los derechos prevalentes de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.

Así las cosas, Chigorodó y la Subregión de Urabá  están ad portas de un colapso en la capacidad de respuesta del Sistema de Responsabilidad Penal  cuando los niños, niñas y adolescentes se constituyan en víctimas de delitos gestados por el adultocentrismo imperante y, un sistema de administración de justicia que el la última década ha demostrado serios problemas para darle cumplimiento efectivo al Artículo Nº 52 de la Ley 1098 de 2006, entre otros. (Dirección APMD, Febrero de 2017).


________Redacción: José Gañan Bedoya - psicólogo. Coordinación ninno colombia -voluntarios para la infancia y Antioquia, primero MIS  derechos.