“Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE,
Colombia posee 1.123 municipios y, en la mayoría de estas entidades
territoriales, desde los planes de desarrollo, el diseño de políticas públicas
y la voluntad política de los gobernantes de turno, tradicionalmente se ha
invertido más dinero en el desarrollo de infraestructura urbana, que en el
desarrollo humano de sus habitantes. El
Congreso de la República ha aprobado muchas leyes orientadas a atender las
principales necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, sin
embargo la implementación de estas políticas es lento y en algunos casos
ninguna. Por citar un ejemplo, en el municipio de Chigorodó aún no se cuenta
con políticas públicas para atender las necesidades de la primera infancia, infancia,
adolescencia, juventud y la familia; las personas con discapacidad, entre
otras.
La mayoría de los territorios lo que vienen haciendo desde hace muchos años
en Colombia ha sido acoger y articularse al desarrollo e implementación de políticas
públicas internacionales, nacionales y departamentales, donde algunos de éstos
también invierten un poco de sus recursos económicos y humanos, entre otros. -Los territorios no tienen un pleno control de
sus tasas de natalidad y los planes de ordenamiento territorial no se
desarrollan a la par con el crecimiento poblacional y las administraciones
municipales o alcaldías, tampoco logran hacer las transformaciones administrativas
internas que les demanda cada periodo de gobierno, situación que poco a poco ha
venido gestando una incapacidad en el territorio particular de atender las
principales necesidades sociales y psicosociales de sus habitantes.
Explicable entonces cómo en Chigorodó, un municipio con 74.000 habitantes y
con un indicador del 46% de miseria existan prácticas sociales y culturales que
vulneran el desarrollo humano integral de los niños, niñas y adolescentes y
entre estas, el trabajo infantil, la explotación sexual comercial y el turismo
sexual, el abandono, la utilización y vinculación a grupos armados y al margen de
la ley, el consumo y microtráfico, la desescolarización forzosa y el exterminio
selectivo, entre otros.
Desde la vigencia 2012, Chigorodó ha venido realizando acciones pedagógicas,
preventivas y de supervisión para quitarle niños, niñas y adolescentes a
empleadores y explotadores que hacen presencia en el municipio. –Al igual que
brindarle acompañamiento psicosocial a las familias de estos niños, niñas y
adolescentes con el objetivo de restablecerles los derechos vulnerados y entre
ellos el que puedan regresar a la escuela o colegio.
Le corresponde a la agenda política 2016-2019 seguir avanzando de la mano
con las comunidades, las instituciones públicas, privadas, los gobiernos y la sociedad
en general, dándole cumplimiento a los compromisos de pensar un desarrollo municipal
de la mano con el desarrollo e implementación de políticas públicas con mayor inversión
económica y equipamiento técnico y humano capaz generar una transformación
social que responsa de la mejor manera a la atención de las principales
necesidades y derechos se los ciclos vitales más necesitados y vulnerados.”(1) -En consecuencia con el asunto que nos viene
ocupando, vale la pena tomar en consideración para el fortalecimiento de la
agenda política 2016-2016, las observaciones que el Comité de Derechos del Niño
le hizo a Colombia el pasado 12 al 15 de enero de 2015, en Ginebra Suiza.
“El Comité(2) toma nota de las medidas jurídicas y normativas adoptadas por el Estado
parte (Colombia) para proteger a los niños y niñas contra la explotación
económica. Sin embargo, está preocupado por el elevado número de niños y niñas involucrados
en el trabajo infantil. En particular, sigue profundamente preocupado por la
persistencia de la participación de niños y niñas en trabajos peligrosos y / o
degradantes, como la mano de obra agrícola en los cultivos ilícitos, el
narcotráfico, la minería ilegal y la tauromaquia.
El Comité insta al Estado
parte a:
(A) Mejorar los esfuerzos para eliminar el trabajo infantil, incluso
asegurando que los procedimientos judiciales en contra de los que explotan
económicamente niños y niñas, les profieran compensaciones adecuadas cuando los
niños y niñas han sido víctimas de cualquier forma de explotación.
(B) Evaluar los resultados de la Estrategia Nacional para la prevención y
erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2008-2015) y con base a
las lecciones aprendidas, revisar la estrategia y asignar los recursos
adecuados para su aplicación efectiva. Un mecanismo de seguimiento con perspectiva
de género también debe incluirse.
(C) Solicitar asistencia técnica del Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil de la Oficina Internacional del Trabajo en
este sentido.”
VER VÍDEO
Fundación Telefónica Colombia
(2) Observaciones finales sobre los informes periódicos IV y
V combinados de Colombia, adoptadas por el Comité de Derechos del Niño, en su
sexagésimo período de sesiones –Ginebra Suiza, (12 al 30 enero 2015).
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