De la incidencia política de la ciudadanía territorial y regional al servicio de los niños y las niñas.

El pasado martes 24 de noviembre de 2015, en el marco de la realización de la Mesa Pública para la rendición pública de cuentas que desarrolló el Centro Zonal Nº 16 del ICBF en el auditorio de la Ciudadela Educativa y Cultural Puerta del Sol del municipio de Apartadó, el Coordinador Municipal de Primera Infancia del municipio de Chigorodó Antioquia, hizo públicamente la siguiente solicitud:

“Que desde la Mesa Social del ICBF Centro Zonal Urabá, se inicie un proceso de gestión ante el señor Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos, con la cooperación del ICBF Nacional –Dra. Cristina Plazas Michelsen y la Dra. Karen Abudinen Abuchaibe, la Procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y, el presidente del Congreso de la República –ante la comisión que corresponda-, para que se solicite al Estado Parte –Colombia, adelantar todo lo referido a la Ratificacióndel III Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones.  Exposición de motivos de la solicitud:

*El Comité ha recomendado(1) al Estado Parte (Colombia), que con el fin de fortalecer aún más el cumplimiento de los derechos del niño, ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

*“La crisis estructural por la cual está atravesando la administración de justicia en Colombia pone el riesgo la tan anhelada política de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con un sistema de administración de justicia mal formado desde la academia (Universidades) y poco solidario, desmotivado por la falta de recursos económicos suficientes y transversalizado por la práctica de la corrupción; los delitos cometidos contra los niños, niñas, adolescentes y sus familias quedan en la impunidad y los victimarios nunca logran ser condenados. –Así las cosas, un III Protocolo Facultativo en Colombia abre y significa una oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes y sus familias puedan acudir a Cortes Internacionales en procura del restablecimiento de sus derechos.  

*De firmarse el Proceso de Paz en Colombia, en la gran mayoría de municipios que tiene el territorio nacional se tendría que incluir en los Planes de Desarrollo (2016-2019) una política pública de atención a las necesidades que trae consigo un proceso de postconflicto y la construcción de la paz desde el orden territorial, regional y nacional. Y, en el marco de este proceso de transformación cultural, político, económico y social están las principales víctimas: Los niños, niñas y adolescentes por los cuales reclama y se refiere el municipio de Chigorodó, la subregión de Urabá, el departamento de Antioquia, Colombia y la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas de 1989.”(2)

Para la vigencia 2016 esperamos noticias de los avances que haya tenido la Mesa Social del ICBF Centro Zonal Urabá con respecto a esta solicitud y se hará publicación a través de este sitio web.

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(1) Recomendación contenida en las Observaciones finales sobre los informes periódicos IV y V combinados de Colombia, adoptadas por el Comité de Derechos del Niño, en su sexagésimo período de sesiones –Ginebra Suiza, (12 al 30 enero 2015).

(2) GAÑAN BEDOYA, José. Coordinación ninno colombia – voluntarios para la infancia, noviembre de 2015.